El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió explorar sanciones precisas y concretas contra los miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.

Bruselas.- La Unión Europea abrió la puerta para iniciar el trabajo de cara a sancionar a los responsables de torturas y abusos en Venezuela, tras respaldar los hallazgos del informe elaborado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que apunta a violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas y la muerte trágica del capitán de corbeta Rafael Acosta tras ser torturado mientras estaba en custodia policial.

“La UE está lista para empezar a trabajar hacia la aplicación de medidas dirigidas contra aquellos miembros de las fuerzas de seguridad implicadas en tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos a la luz de la grave situación” relatada en el informe de Bachelet, aseguró la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en un comunicado previamente consensuado con los veintiocho.

La UE, dejó claro Mogherini, apoya con fuerza los hallazgos de su informe, que “confirma de forma clara y detallada la seriedad y alcance de las violaciones de derechos humanos, la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país” y ha lamentado que “la trágica muerte” del capitán Acosta, “mientras estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad es un ejemplo crudo del deterioro continuado de la situación de los derechos humanos”.

La alta representante ha reclamado al régimen “un cese inmediato de las violaciones generalizadas de los derechos humanos” y que coopere plenamente para aplicar las recomendaciones del informe, al tiempo que subrayó la disposición de la Unión de asistir a Bachelet en “sus esfuerzos para garantizar que los derechos fundamentales de todos los venezolanos sean plenamente protegidos”.

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, pidió el lunes a sus socios explorar sanciones precisas y concretas contra los miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas responsables de muertes trágicas como la de Acosta, tras defender que, aunque la prioridad es que el proceso de Oslo no fracase, las negociaciones “no pueden ser un escudo protector para personas que se han identificado, parece ser, como los responsables de un acto tremendo, preciso, que tienen que ser objeto de sanciones precisas y concretas”.