Durante septiembre hubo al menos 708 protestas en todo el país, según documenta en su último informe el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 708 protestas durante el mes de septiembre de 2019, equivalente a un promedio de 24 diarias. Esta cifra representa una disminución del 28% en comparación con el mismo período del año pasado.

69% de las protestas (485) fue para exigir derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), vinculados principalmente con exigencias laborales, acceso a servicios públicos de calidad, educación, salud y alimentos.

31% de las protestas restantes (223) se corresponde a los derechos civiles y políticos (DCP), que incluyen a grupos políticos opositores y a los simpatizantes del régimen de Maduro. Además, de otros actores de la sociedad que demandan derechos civiles como justicia, seguridad ciudadana y derecho a la vida.

Distribución geográfica de las protestas

     

Distrito Capital lideró los reclamos durante el mes pasado con 64 de las 708 reportadas en todo el país. Le siguieron los estados Anzoátegui (61), Mérida (61), Zulia (60); Bolívar (52) y Miranda (52).

La exigencia de derechos ciudadanos no es solo de una región, ocurre en todo el país. Quienes se han quedado en Venezuela no lo hacen de brazos cruzados, sino que han sido persistentes en exigir vivir con dignidad, en libertad y democracia.

Septiembre se caracterizó por:

• Movilización de trabajadores del sector público a nivel nacional en exigencia de salarios dignos y respeto a sus contrataciones colectivas, principalmente quienes laboral en el sector educativo, salud e industrias básicas.

Habitantes de todos los estados del país reclaman el colapso en los servicios de agua potable, electricidad, gas doméstico, recolección de basura, aguas servidas y alumbrado público.

Se mantienen las protestas de simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro contra las sanciones económicas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos.

Acciones de calle de opositores al régimen de Maduro en apoyo a los alcances internacionales y la denominada Operación Libertad del presidente (e.) Juan Guaidó.

Descontento de las comunidades por el aumento oficial del servicio de gas doméstico. Además del cobro excesivo de servicios básicos en moneda extranjera.

Rechazo popular al aumento de precio de las cajas CLAP.

Las modalidades de protesta más empleadas fueron concentraciones, cierres de calle, marchas y paros.

Protestas combinadas

De las 708 protestas documentadas en septiembre, 272 fueron combinadas, es decir, se exigieron distintos derechos simultáneamente. En términos porcentuales esta modalidad de protestas representó el 38% del total registrado.

La situación que enfrentan los trabajadores fue el detonante de la conflictividad en septiembre. El OVCS documentó 258 protestas relacionadas con exigencias laborales, equivalentes a nueve diarias, para exigir mejoras salariales, seguros médicos y respeto a los contratos colectivos.

Desde mayo de 2019 el salario mínimo es de Bs 40.000. En vista de la espiral inflacionaria y dolarización de la economía, esta cifra representa hoy en día apenas dos dólares mensuales, de acuerdo con el cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Quienes devengan una remuneración básica, en su mayoría los trabajadores dependientes del sector público, han tomado nuevamente las calles como espacio de lucha para reclamar ingresos acordes a sus necesidades de acuerdo a lo que dice el artículo 91 de la Constitución: “todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales”.

Los contratos colectivos que caracterizan mejoras económicas para los trabajadores se han visto desdibujados. La mayoría de los derechos se resumen en salario o bonificaciones insuficientes.

Trabajadores que participaron en las protestas laborales de septiembre

Los trabajadores del sector educativo llevan la bandera de las protestas laborales. Desde educación básica, secundaria y etapa universitaria, este gremio ha salido a ejercer acciones de calle para llamar la atención de las autoridades frente a la situación que enfrentan por los bajos salarios y colapso de los servicios.

Cabe destacar que al cierre de este reporte, la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, establecida en marzo 2018, emitió su informe en el que destacó su preocupación por la falta de consulta tripartita sobre la fijación del salario mínimo, así como la ausencia de diálogo social en los términos definidos por la OIT. También se pronunció sobre el hostigamiento y violación a la libertad sindical, llamando a las autoridades a la no utilización de procedimientos judiciales y medidas cautelares y sustitutivas con el propósito de coartar la libertad sindical, incluido el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar.

Educación

En septiembre se dio inicio al año escolar, sin embargo, las instituciones públicas y privadas no atendieron al llamado en la fecha acostumbrada. Esto debido al deterioro de la infraestructura educativa, la ausencia de dotación de insumos y recursos para escuelas, liceos y universidades. Sin dejar de lado el alto índice de deserción escolar por parte de alumnos, personal administrativo, obrero y profesoral.

Además, muchas familias estuvieron limitadas para comprar los implementos escolares y libros, lo que imposibilita que envíen a sus hijos a las escuelas.

Padres representantes, alumnos y trabajadores del sector estudiantil participaron en al menos 58 protestas a nivel nacional, equivalentes a 2 diarias.

Los manifestantes denunciaron cómo se atenta contra la calidad educativa con la desactualización de tabuladores salariales, la aplicación de despidos masivos, criminalización de la protesta sindical y el anuncio de la incorporación de educadores del Plan Chamba Juvenil con una formación de 450 horas, como plan para atender la emergencia del sector frente a la migración forzada de profesionales que huyen de los bajos sueldos y la crisis del país.

Colapso de los servicios básicos

El acceso deficitario de los servicios básicos continúa afectando la calidad de vida de los venezolanos. La falta de agua, electricidad, gas, combustible y transporte público se han convertido en otro de los obstáculos que han tenido que enfrentar quienes viven en el país. La demanda de estos derechos representó 245 protestas, según documentó el OVCS en septiembre.

     

La exigencia de agua potable es la principal motivación para las movilizaciones en distintas comunidades del país, contabilizando para septiembre al menos 118 protestas, equivalentes a 4 diarias. Dificultades para el desarrollo de tareas del hogar, aseo personal, situaciones sanitarias y altos costos por el pago del servicio de camiones cisternas, son parte de las razones que motivan a los ciudadanos a tomar las calles en exigencia de uno de los principales servicios básicos. Desde el OVCS, queremos alertar que la precaria calidad del agua constituye un riesgo para la aparición de enfermedades que puede exponer aún más a comunidades vulnerables.

El OVCS documentó aproximadamente 99 protestas, equivalentes a 3 diarias por reclamos relativos al servicio eléctrico. A lo largo del año, la crisis del sector eléctrico ha azotado la vida de los venezolanos, especialmente en los estados Zulia, Falcón, Táchira, además de las zonas oriental y sur de Venezuela.

Se ha registrado un desplazamiento de familias de las regiones más afectadas ante la falta de electricidad debido a la inclemencia de las altas temperaturas, el deterioro de sus electrodomésticos, la poca conectividad a internet y, en definitiva, el detrimento de su calidad de vida.

Los reclamos por la mala distribución y costo excesivo del gas doméstico alcanzaron las 38 protestas documentadas. Esta situación es más dramática en las regiones, donde los jefes de familia ponen en riesgo su integridad física para la preparación de alimentos en leña.

En la última observación de protestas por servicios básicos se ha registrado un aumento de las protestas para exigir a las autoridades atención a los problemas de vialidad, alumbrado e inseguridad. Sin contar las dificultades generadas por las paralizaciones de transporte y quejas de los ciudadanos por aumentos de pasaje e insuficiencia del parque automotor.

Exigencia de los derechos civiles y políticos continúa vigente

En septiembre hubo descenso del índice de protestas por derechos políticos en comparación con lo que se venía registrando en el primer semestre. Sin embargo, la inestabilidad política que vive el país no se detiene, por esta razón, tanto los simpatizantes al régimen como los opositores mantienen tomadas las calles para visibilizar sus exigencias.

El cambio de un modelo político que permita la superación de la crisis económica y social es una de las mayores demandas en las calles. Los ciudadanos, atendiendo o no a los llamados de la oposición, identifican al régimen de Nicolás Maduro como el principal causante del deterioro de la calidad de vida.

El OVCS documentó alrededor de 170 acciones de calle, equivalente a un promedio de seis diarias.

Las manifestaciones por parte de los sectores políticos se desarrollaron en marchas, concentraciones y cierres de calle.

Derecho a la justicia y a la vida

Vecinos, activistas de derechos humanos, trabajadores y familiares de víctimas de la delincuencia y abusos policiales o militares realizaron manifestaciones para exigir su derecho a la justicia en 31 ocasiones.

Mientras que el derecho a la vida fue exigido en 20 acciones de protestas, denunciando los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado.

Sector salud muriendo de mengua

Trabajadores del sector salud, pacientes y familiares tomaron las calles, puertas o pasillos de hospitales en al menos 49 acciones de protestas, para rechazar las precarias condiciones de atención médica que presenta actualmente el sector salud.

El sector rechaza los bajos salarios que hacen imposible la subsistencia y la prestación del servicio. Mientras que los pacientes ven mermadas sus posibilidades de atender y prevenir sus dolencias ante el colapso de la infraestructura hospitalaria, la deserción de profesionales de la salud y los altos costos de los tratamientos médicos.

El colapso de los servicios públicos es otra arista que afecta a los centros y servicios de salud. Los constantes cortes eléctricos amenazan la integridad de los equipos médicos e interrumpen tratamientos de diálisis, operaciones y atención en terapia intensiva. Del mismo modo, la falta de suministro de agua potable aumenta las posibilidades de brotes y propagación de enfermedades endémicas que habían sido erradicadas en el país.

Linchamientos e intentos de linchamiento

Durante el mes de septiembre el OVCS registró casos relacionados con linchamientos o intentos de linchamiento, 11 en todo el país.

Dos personas fueron asesinadas en los estados Monagas y Falcón.

Estos 11 hechos registrados representan una disminución del 27% en comparación con agosto de 2019, cuando se documentaron 15 situaciones de esta naturaleza. Nuestro llamado a la población es a mantener la civilidad, respeto a la vida y no ejercer la justicia por cuenta propia.

Monitoreo y documentación de la crisis venezolana

En el 173 periodo de sesiones de la CIDH, donde participó el OVCS junto a otras organizaciones defensoras de DD HH de Venezuela se abordó el tema de la agudización de la emergencia humanitaria compleja que sufren los venezolanos y que se profundiza con el pasar de los días. En la audiencia titulada: “Defensa, Doctrina de Seguridad Nacional y Violaciones a los DD HH de los ciudadanos y defensores de DD HH en Venezuela”, el OVCS alertó que la espiral de conflictividad y tensiones van en aumento, tomando como referencia que en los últimos 8 años el OVCS ha logrado documentar 70.000 reclamos.

     

Las olas de manifestaciones tuvieron un hito significativo en 2014, cuando se registraron 9.200 protestas; en 2017, se elevó a 9.700 manifestaciones y en 2018 alcanzó 12.700 protestas, siendo esta última cifra el récord histórico en Venezuela.

Sin embargo, considerando la gravedad actual de la situación y que en los primeros nueve meses se han registrado 12.591 protestas en todo el país, 2019 se perfila como un año récord de manifestaciones en la historia de Venezuela.

Las principales demandas o exigencias han sido garantía de servicios básicos de calidad (agua potable, electricidad, gas doméstico), derechos laborales, alimentación, salud y un cambio político en el país.

Solo este año se han documentado y denunciado el asesinato de 67 personas en contexto de protestas.

La grave situación que se vive en Venezuela ha sido un punto de especial preocupación para la CIDH, que anunció la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve). Se trata de una herramienta que permitirá el monitoreo de la situación en Venezuela y la protección de los derechos humanos.

Durante la audiencia, la comisionada de la CIDH, Flavia Piovesan, deploró el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza durante las manifestaciones y puntualizó: “sin democracia no hay libertad de expresión y sin protestas tampoco hay libertad”.

El OVCS reitera sus exigencias

Atender las demandas de la población que a diario ve desmejoradas sus condiciones para disfrutar de una vida digna, mediante el ejercicio de su profesión u oficio, con los servicios y sistemas de salud que le garanticen calidad de vida.

Avanzar hacia un proceso de transición para retomar la democracia, el Estado de Derecho y las libertades en Venezuela, mediante la realización de elecciones libres y transparentes.

Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia del Caracazo. (Observatorio Venezolano de Conflictividad Social)